En conferencia de prensa representantes de la sociedad civil y legisladores presentaron el estudio “El costo de los siniestros viales en México: Estimación de costos de atención médica y pérdida de productividad” el cual visibiliza el impacto que las muertes prematuras, lesiones, discapacidad y atención médica generan para las familias, el sistema de salud y el desarrollo económico del país.
El documento analiza las repercusiones económicas, sociales y sanitarias provocadas por las colisiones viales en el territorio nacional. De acuerdo con el informe, las muertes por siniestros de tránsito continúan posicionándose entre las primeras causas de fallecimiento en personas de entre 5 y 44 años de edad, truncando la etapa más productiva de miles de ciudadanos.
Los costos de atención médica y las pérdidas de productividad asociados a los siniestros viales representaron entre 55 mil y 92 mil millones de pesos en México durante 2024.
Puntos clave del estudio:
- Alto Costo Económico y Social: La atención de lesiones, rehabilitación y pérdida de productividad por discapacidad o fallecimiento representa un costo multimillonario que equivale a un porcentaje significativo del PIB nacional.
- Impacto en el Sistema de Salud: Los servicios públicos de emergencias y las unidades hospitalarias destinan una parte crítica de su presupuesto y capacidad operativa a la atención de trauma por choque o atropellamiento, saturando salas de urgencias.
- Factores de Riesgo Determinantes: El estudio identifica que el exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol y la falta de uso de dispositivos de seguridad (como cinturón, cascos certificados y sistemas de retención infantil) siguen siendo los detonantes clave de la severidad de las lesiones.
“Los siniestros viales son predecibles y evitables. No son ‘accidentes’ o imprevistos del azar; son el resultado de vacíos en la infraestructura, fallas en la regulación y falta de control de factores de riesgo. Cada peso gastado en atender un siniestro vial es un recurso que perdimos para invertir en educación, salud preventiva o desarrollo municipal”, señaló Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa Mx.
Los asistentes a la conferencia, coincidieron en afirmar que aunque México cuenta con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV), se requiere acelerar la armonización legislativa en todos los estados y municipios, además de implementar controles estrictos como:
- Límites de velocidad seguros y fiscalización con tecnología.
- Cero tolerancia al alcohol y al volante, homologando los operativos de alcoholimetría a nivel nacional.
- Exigencia de estándares de seguridad vehicular y normativas para cascos y sillas infantiles.
- Infraestructura segura priorizada bajo la Jerarquía de la Movilidad Urbana.
Belén Sáenz de Miera Juárez, profesora-investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, señaló: “Tan solo considerando los costos de atención médica y las pérdidas de productividad estimadas en este estudio, la carga económica se ubica entre 55 mil y 92 mil millones de pesos en 2024 y, en el escenario superior, puede alcanzar cerca de 0.3% del PIB o 4.4% del gasto total en salud”.
Quetzalli Ramos, abogada de Polithink, señaló que “aunque la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial otorgó 180 días a los congresos locales para armonizar su legislación, plazo que concluyó el 14 de noviembre de 2022, casi cuatro años después la Ciudad de México todavía no cuenta con una armonización. El siguiente paso es aprobar una reforma a la Ley de Movilidad de la Ciudad de México que incorpore el enfoque de Sistema Seguro y medidas para atender todos los factores de riesgo, especialmente la velocidad y el alcohol”.
Por su parte, Carlos Morales, integrante de la campaña de seguridad vehicular de El Poder del Consumidor señaló que “Los siniestros viales no son inevitables y una parte importante de las muertes y lesiones graves que provocan puede prevenirse con vehículos más seguros, a través de una regulación alineada con las mejores prácticas internacionales”.
Andrés Atayde Rubiolo, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, afirmó que en entornos urbanos ocho de cada diez fallecimientos corresponden a usuarios vulnerables como peatones, ciclistas y motociclistas.
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