“A lo largo de las legislaturas, pero especialmente en estos últimos meses, hemos sido testigos en diferentes ocasiones de cómo el conflicto de interés se ha hecho presente en las discusiones y decisiones que se toman desde el Poder Legislativo. Lo vimos en debates como los que tuvimos con la minuta de espacios 100% libres de humo y emisiones y eliminación de la publicidad; y por otro lado, en la reciente discusión sobre la minuta de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación particularmente en lo referente a los nuevos productos de tabaco y nicotina”, señaló el Senador Ernesto Pérez Astorga, integrante de la Comisión de Salud del Senado de la República y promotor de las políticas de control de tabaco y nicotina en el Poder Legislativo.
Además del Senador, Adriana Rocha, directora de asuntos legislativos y sociedad civil en Polithink, Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa MX y Miguel Ángel Toscano y director de Refleacciona con responsabilidad A.C. presentaron en conferencia de prensa virtual un documento para los legisladores que tiene como finalidad contrarrestar el conflicto de interés en el Poder Legislativo.
Adriana Rocha comentó: “Es importante tener claro que el conflicto de interés (COI) se produce cuando los intereses privados (financieros, personales o cualquier otro interés o compromiso ajeno a las responsabilidades provenientes del puesto que desempeña) interfieren -o parecen interferir- en la capacidad de un funcionario, investigador, profesional o institucional para actuar con imparcialidad, de manera justa y desempeñar sus funciones. En el caso de los legisladores esto es muy relevante porque son representantes de la ciudadanía, por lo tanto, deberían legislar a favor de las personas y no de particulares”.
El Senador Astorga reiteró que el conflicto de intereses entre la industria tabacalera y los legisladores ha sido muy evidente y apuntó que la sociedad civil organizada han hecho todo para que el Poder Legislativo sepa lo que es el conflicto de intereses y se termine con él.
En tanto, Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa Mx señaló: “El artículo 5.3 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, así como sus Directrices específicas establece lineamientos muy claros para evitar la interferencia de la industria y el conflicto de interés. Sobre esto último, la Ley General de Responsabilidades Administrativas es clara: cualquier conflicto de interés de funcionario, legislador o juez es una falta administrativa grave, sancionable con hasta 20 años de inhabilitación. Si es enriquecimiento ilícito incluso puede haber pena con años de prisión”.
“Esperamos que el documento que hoy se presenta evite casos de conflicto de interés como el del diputado Fernando Galindo (PRI), quien como Presidente de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad en la pasada legislatura (2018-2021) obstruyó el avance de una iniciativa de reforma a la Ley General para el Control del Tabaco que incluía prohibición de saborizantes y aditivos de productos de tabaco, además del empaquetado neutro. Tampoco queremos más casos como el de Sergio Barrera (MC), quien como legislador por Zapopan, Jalisco, está empeñado en promover una regulación laxa hacia productos de tabaco calentado que favorece a Philip Morris” finalizó Antonio Ochoa.
En su participación, Miguel Ángel Toscano, presidente fundador de Refleacciona con Responsabilidad A.C., explicó cómo denunciar el conflicto de interés: “Hay varias formas en que pueden formar parte de esta iniciativa. En la sección sobre cómo contrarrestar el conflicto de interés de la plataforma www.contraconflictodeinteres.org podrán encontrar una declaración de no conflicto para investigadores, organizaciones y servidores públicos; así mismo, pueden denunciar a una persona física o moral que sea parte de un conflicto de interés e incluso de forma anónima. Por último, está disponible un protocolo de actuación para proteger de todas las maneras posibles las políticas de salud pública referentes al control de tabaco de los intereses comerciales de la industria tabacalera”.
Asimismo, dijo que ningún legislador o servidor público debe aceptar una comida, un viaje, un presente o unos boletos para algún evento porque son claras las intenciones de la industria, no solo de la tabacalera, sino también de la de alimentos o farmacéutica.
“Queremos invitar a la población en general, particularmente a los funcionarios públicos, para que en caso de que algún conflicto de interés sea de su conocimiento, en particular de temas de tabaco, puedan presentar una denuncia mediante los formatos aquí establecidos con la intención de acuerpar esta iniciativa y declarar su no conflicto de interés. En esta invitación queremos incluir especialmente a funcionarios que pertenecen a la Secretaría de Salud, a diputados locales y federales, así como a senadores de la república, quienes sabemos reciben una gran influencia de la industria tabacalera”, señaló Toscano al cerrar su participación en la conferencia.