En el acceso a la salud, nuestro país es escenario de desigualdades evitables asociadas al sexo, el género, la etnia, el color de piel, la clase social y la orientación sexual, entre otras. En particular, el sexo y el género se han identificado como factores que determinan el estado de salud y bienestar de las personas por diferentes vías.

Así lo destacaron la investigadora y profesora de El Colegio de México, Laura Flamad, y los investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) Emanuel Orozco Núñez, Carlos M. Guerrero-López y Edson Serván-Mori, en un artículo sobre un estudio liderado por el INSP donde explicaron la necesidad de investigar la interseccionalidad de la desigualdad de género y cómo hacerle frente.

Los investigadores insistieron en la urgencia de diseñar e implementar políticas sociales sensibles al género como mecanismo medular para lograr un sistema de salud equitativo, efectivo y universal.

 

El mencionado estudio se titula “Impactos económicos y de salud de las enfermedades no transmisibles en mujeres de México”, que el INSP lleva a cabo en colaboración con el George Institute for Global Health, de Australia.

Carga de enfermedad y acceso a la salud diferenciados por el género

En primer lugar, en dicho estudio se evidencian las diferencias por género en la carga ocasionada por las enfermedades no transmisibles (ENT) en México, en cuanto a mortalidad prematura y discapacidad. Si bien la carga de la enfermedad causada por las ENT se ha incrementado en las últimas décadas, tanto para mujeres como para hombres, la carga derivada de cánceres y neoplasias es mayor para ellas. Por ejemplo, la mortalidad por cáncer de mama ha crecido en las últimas dos décadas.

Serván Mori informó que en México de 2015 a 2021 se registraron alrededor de 1.3 millones de muertes a causa de alguna enfermedad no transmisible, el 40% de ellas por diabetes y el 38% por cánceres y neoplasias. Esta situación ha generado una pérdida de productividad estimada en 135 mil millones de dólares.

A través de este estudio también se ha descubierto que la búsqueda y el acceso a los servicios de salud también se asocia al género. En México, la afiliación a las instituciones de seguridad social está determinada por la participación en el mercado laboral formal.

En 2021, 53% de los casi 52 millones de personas adscritas a médico familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fueron mujeres, mientras que 47% fueron hombres. Entre los 27.2 millones de personas aseguradas (las que adquieren el seguro de enfermedades y maternidad por su condición laboral), 42.7% eran mujeres y 57.3%, hombres. Esto refleja la forma en que el género determina la participación en el mercado formal de trabajo.

Uno de los temas relacionados con lo anterior, que amerita mayor reflexión, es que las actividades de cuidados de personas en los hogares recaen principalmente sobre las mujeres. Del tiempo semanal dedicado a proveer cuidados especiales a los miembros del hogar que los requieren, el 75% recae sobre las mujeres.

La valuación económica de estas actividades de cuidado podría ascender a un costo de oportunidad anual de casi $1,100 millones de dólares para las mujeres, mientras que en el caso de los hombres es de $400 millones, apenas poco más de la tercera parte.

Mayor riesgo económico para las mujeres

De igual forma, las condiciones de desventaja social que enfrentan las mujeres las exponen a un mayor riesgo económico por motivos de salud. Una población de particular interés son los hogares encabezados por mujeres, que representan la cuarta parte de los hogares mexicanos, en los cuales se traslapan capas de vulnerabilidad social, sistémica y demográfica.

Datos analizados para el período 2000-2020 muestran que los hogares encabezados por mujeres se caracterizan por una menor escolaridad y participación en el mercado laboral, porque en su mayoría son divorciadas, separadas o viudas, con familias unipersonales o extendidas, mayor presencia de adultos mayores, y menor capacidad de pago de sus necesidades básicas.

Estos hogares no sólo tienen mayor probabilidad de gastar en salud que aquellos encabezados por hombres, sino que se exponen también a un mayor riesgo económico por incurrir en gastos catastróficos o empobrecedores en salud (5.5 % vs 4.6 %), riesgo que se agrava con la presencia de una persona adulta mayor (6.9 % vs 5.8 %), y cuando se ubican en alguna entidad federativa menos desarrollada.

Los investigadores señalaron que alcanzar una mayor equidad de género en materia de protección social implica adaptar las acciones de política en salud a las realidades y roles particulares que tienen en la sociedad tanto mujeres como hombres; acciones que contribuyan a eliminar las desigualdades de género en la salud. También se requiere de una perspectiva multisectorial y la participación de los sectores público y privado.

“En este contexto dominado por una creciente carga de las ENT y la persistencia de profundas desigualdades, es apremiante iniciar una discusión pública y ciudadana sobre las maneras de establecer y financiar un sistema universal de salud, además de un sistema nacional de cuidados que coadyuve a reducir las disparidades causadas por el género, para consolidar una sociedad más equitativa y solidaria”, puntualizó el grupo de investigadores.