El embarazo adolescente podría ser uno de los mayores desafíos sociales, políticos y económicos para los países de América Latina y el Caribe; debido a que, cuando una mujer adolescente se convierte en madre, sus derechos sexuales y reproductivos, así como su derecho a la salud y educación podrían verse impactados a corto, mediano o largo plazo.
De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la región de América Latina y el Caribe registra la segunda tasa más alta de embarazos adolescentes en el mundo, estimando, además, que casi el 18% de los nacimientos de esta región corresponden a madres menores de 20 años. Esta situación, podría impactar de distintas formas la vida de quienes experimentan un embarazo adolescente.
Un ejemplo de ello es el acceso a la educación, pues las mujeres que fueron madres en la adolescencia tuvieron tres veces menos oportunidades de obtener un título universitario, que las que decidieron postergar su maternidad a la vida adulta, de acuerdo con datos de UNFPA.
Para el caso de México, se encontró que el nivel de estudios máximo alcanzado por madres adolescentes fue:
- 7% tuvo acceso a nivel primaria.
- 6% tuvo una educación secundaria.
- Únicamente el 7% logró acceder a una educación terciaria.
Por otra parte, un embarazo adolescente también podría generar un impacto económico significativo para las mujeres. De acuerdo con UNFPA, en nuestro país, el 79% del costo de oportunidad relacionado con el embarazo adolescente recae sobre la mujer y su entorno, dejando únicamente el 21% del costo a cargo del Estado. Dos tercios del costo de oportunidad del embarazo en la adolescencia pueden derivarse de los menores ingresos laborales que obtienen quienes son madres a temprana edad.
Aunado a esta situación, el UNFPA encontró que quienes fueron madres a temprana edad, ganan en promedio 24% menos que las madres adultas, esto derivado de las brechas educativas que existen entre las madres adolescentes y madres en edad adulta. En 2018, el costo per cápita promedio que las madres adolescentes tuvieron debido a la brecha educativa, se estimó en 573 dólares anuales para el año 2018.
Ante este panorama, el UNFPA reconoce como una prioridad garantizar los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes, siendo necesario que éstos puedan decidir con suficiente información y libertad sobre su sexualidad y reproducción, para evitar maternidades tempranas o forzadas.