De acuerdo con el informe Promesas sin cumplir: derechos reproductivos y laborales de las trabajadoras del hogar en México 2021, elaborado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB), 77% de las mujeres trabajadoras del hogar tienen entre 1 y 5 hijos; sin embargo, no cuentan con servicios de cuidados ni guarderías, ya que 9 de cada 10 no están afiliadas a la seguridad social.
Con respecto al porcentaje restante de trabajadoras del hogar que sí están afiliadas al Seguro Social, de las 253 solicitudes que presentaron en 2019 para recibir servicios de estancias infantiles del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para el cuidado de sus hijos e hijas, 23% aún no tenían acceso y se encontraban en lista de espera.
Pese a la relevancia económica y social del trabajo doméstico y de cuidados que realizan, las trabajadoras del hogar no cuentan con prestaciones de ley, contratos por escrito, acceso a servicios de salud y seguridad social, licencias de maternidad, atención durante el embarazo y parto, ni guarderías para sus hijos e hijas mientras ellas trabajan; prestaciones que son provistas por el IMSS una vez que las y los empleadores las registran ante este Instituto.
Si bien la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social se han modificado en los últimos tres años para proteger y garantizar sus derechos, son muy pocas las personas empleadoras que han cumplido con afiliarlas, y esta omisión violenta sus derechos laborales y reproductivos, y hace más profunda su situación de vulnerabilidad.
Además, ante los hallazgos y brechas sobre los derechos laborales y reproductivos detectados en la investigación, GIRE e ILSB, junto con una coalición de organizaciones aliadas y trabajadoras del hogar (Wiego, Nosotros, Hogar justo Hogar, SINACTRAHO, RedMin, Tzome-Xiuk, RMEHO y Jade Sociales), lanzan la campaña Son derechos, no privilegios, cuyos objetivos son: difundir los derechos laborales y reproductivos relacionados con la maternidad y los cuidados, y dar a conocer las instancias del Estado a las cuales pueden acudir las trabajadoras del hogar para hacer valer sus derechos.