En el marco del Día Mundial sin Tabaco presentan la XVIII Evaluación de la Sociedad Civil sobre Políticas Públicas para el Control del Tabaco. Retos de la implementación de la Ley General para el Control del Tabaco y su Reglamento, un número dedicado a la memoria del Dr. Francisco Javier López Espino y de Antuñano, precursor de la lucha antitabaco en México que recientemente falleció.
En este reporte, se documentan y exhiben los desafíos para implementar las reformas a la ley y su reglamento, se incluyen contribuciones valiosas de análisis y propuestas para una política fiscal hacia productos de tabaco, así como sobre los nuevos retos que se planteen en la materia.
Los intereses de la industria tabacalera y sus aliados, principalmente dueños de cadenas de restaurantes, bares y otros establecimientos de recreación así como tiendas departamentales y de conveniencia, que pretenden malograr la aplicación de la Ley General para el Control del Tabaco y su Reglamento actualizado, no pueden estar de ninguna manera por encima de la protección de la salud de las y los mexicanos, señaló Juan Núñez Guadarrama, coordinador de la Coalición México Salud-Hable, durante la presentación.
Por ninguno motivo los establecimientos corre peligro de quebrar por cumplir la ley, que fue votada unánimemente por legisladores de todos los partidos, que fue sometida dos veces a un proceso de consulta pública y que es resultado del trabajo de investigadores, autoridades de salud, legisladores y miembros de la sociedad civil.
Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa Mx, destacó que “la reacción de la industria tabacalera contra las reformas a la Ley General para el Control del Tabaco y su Reglamento ha sido feroz. Lo que no pudo conseguir en el Congreso de la Unión, donde se construyó una reforma prácticamente unánime a favor de la reforma, ha sido controvertido en tribunales mediante una lluvia de amparos”.
Además, Antonio Ochoa apuntó que “las tiendas Oxxo, 7Eleven y otras cadenas de puntos de venta, así como diversos restaurantes y casinos, entre otros establecimientos, han lacerado la protección de la reforma por la vía de amparos concedidos por jueces de dudosa integridad, quienes han argumentado hasta con iniciativas que ya fueron rechazadas por el Congreso federal para justificar sus resoluciones. En Salud Justa Mx, junto con otras organizaciones civiles, estamos monitoreando los juicios interpuestos y analizando con lupa los argumentos de los jueces”.
Maximiliano Cárdenas, Coordinador Legal de Salud Justa Mx señaló que “El reto del Poder Judicial es analizar las reformas a la luz del derecho a la salud de las personas y si las reformas del Reglamento generan limitaciones irrazonables a la libertad de comercio. Lo anterior, toda vez que no existen estudios que acrediten el supuesto daño que sufren restaurantes bares o tiendas de conveniencia y por el contrario previo a la publicación del Reglamento la CONAMER concluyó que los beneficios del reglamento eran mucho mayores y que las afectaciones económicas eran menores”.
Actualmente la Ciudad de México es la entidad con el mayor número de amparos con un total de 870, le sigue Guanajuato con 271, Nuevo León con 122, el Estado de México con 118, Puebla 119, Quintana Roo con 163 y Querétaro 65.
Adriana Rocha Camarena, directora de sociedad civil y asunto legislativos en Polithink comentó: “Lo que el reporte presenta en esta edición nos obliga a reflexionar sobre las necesidades reales del control del tabaco. Contar con un marco normativo completo y sólido es sin duda la base de la política pública, pero ¿es suficiente? No, no lo es. La falta de voluntad política para llevar a la práctica las normas y una muy deficiente o nula implementación de la ley por parte de las autoridades, son hoy día el pendiente más grande con la ciudadanía”.